Baches hacia la paz
El presidente Santos firmó un acuerdo de paz inicial con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el 26 de septiembre de 2016 en una ceremonia grandilocuente en presencia de varios jefes de Estado, pero los votantes rechazaron el pacto una semana después en un referendo. Tras la derrota, Santos regresó a la mesa de negociaciones para agregar al texto medio centenar de concesiones de las FARC, incluido el compromiso de los rebeldes a declarar sus bienes obtenidos a través del narcotráfico y otras actividades criminales.
Las Naciones Unidas certificaron esta semana que recibieron 7.132 fusiles y pistolas de un número muy similar de combatientes de las FARC. Según el Kroc Institute of International Peace Studies de la Universidad de Notre Dame, se trata de uno de los mayores índices de desarme en conflictos guerrilleros recientes en el mundo. Sin embargo, opositores creen que las FARC ocultan todavía mucho armamento.
¿Qué es lo que falta?
Las 26 zonas de desmovilización instaladas en todo el país deberán desmantelarse para el 1 de agosto. A partir de ahí, los rebeldes empezarán su transición hacia la vida civil. Como parte del acuerdo, los acusados de delitos atroces comparecerán ante tribunales especiales de paz y evitarán ir a la cárcel si confiesan sus crímenes de guerra. Esas zonas se dedicarán a implementar proyectos agrícolas y las FARC participarán con el gobierno a impulsar planes de sustitución de cultivos ilícitos en zonas que estuvieron bajo su influencia.
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Paz a la vista
El acuerdo de paz elimina la amenaza más grande para la seguridad de Colombia, pero permanecen las preocupaciones sobre la disputa del terreno históricamente dominado por las FARC entre las bandas criminales y la guerrilla más pequeña Ejército de Liberación Nacional (ELN). La mayoría de los homicidios en Colombia no tienen relación directa con las guerrillas e, incluso antes de los acuerdos de paz, la violencia relacionada con el conflicto había caído a sus niveles más bajos en décadas.
