Régimen detectó fallas legales, técnicas y financieras en obras
El tramo 1 de la carretera Vilcabamba-Bellavista-Zumba-La Balsa, que comenzó a construirse en junio del 2008, debía costar USD 18,9 millones, pero terminó en 152 millones.
La construcción se ejecutó en un 98% y costó casi ocho veces más de lo previsto inicialmente. Al final se decidió iniciar un proceso de terminación unilateral del contrato, aseguró ayer el ministro de Transporte, Paúl Granda.
Esta es una de las 640 obras donde, según el Ejecutivo, se detectaron fallas financieras, técnicas y legales que impiden cerrar de manera definitiva los contratos. Hay obras que incluso ya han concluido, pero no se ha finiquitado el contrato porque tienen fallas técnicas u otras observaciones.
Se trata de inversiones que debieron finalizar en marzo del 2017. Inicialmente se calcularon en USD 2 138 millones, pero ya suman 3 975 millones.
En el listado hay escuelas del milenio, hospitales, Centros Infantiles del Buen Vivir, carreteras, universidades, infraestructura deportiva, turística, eléctrica, entre otras.
El secretario de Planificación y Desarrollo (Senplades), Andrés Mideros, informó que para su terminación se requieren USD 956 millones más. Esos recursos se usarán, en la mayoría de casos, para solucionar problemas legales en temas contractuales, y para culminar infraestructura física en otros. Esto lo dio a conocer ayer en Carondelet en un informe de diagnóstico.
Las obras reportan siete tipos de inconvenientes, según ese balance. Esos problemas impidieron que estas obras, a cargo del Servicio de Contratación Pública (Secob) y de varios ministerios, sean entregadas y los contratos se finiquiten. De 737, solo 97 obras avanzan de acuerdo con lo programado.
Según Mideros, el 65% de las 640 obras está listo en cuanto a infraestructura física, pero no se han podido liquidar los contratos por problemas contractuales y legales.
Por ejemplo, según el Gobierno, el centro de procesamiento de la Empresa de Correos del Ecuador, en Guayaquil, comenzó a construirse en marzo del 2013 a un costo de USD 3,6 millones y tiene un avance de obra del 100%.
Sin embargo, el contrato no se puede finalizar debido a observaciones realizadas a la contratista, la cual no está dispuesta a subsanar. Dentro de este mismo grupo hay proyectos con problemas de legalización de terrenos, falta de permisos de construcción, etc.
Un segundo inconveniente tiene que ver con contratos complementarios. Según Mideros, se ha identificado casos en los que el monto de los contratos complementarios supera el 70% del valor inicial de la obra. La ley vigente solo permite firmar contratos complementarios por hasta el 30% del valor y “por eso no se puede continuar con esas obras”.
Entre estos proyectos está el hospital Monte Sinaí, que se construye en Guayaquil desde el 2013. El avance del hospital está en un 87%, pero, según Jorge Wated, gerente del Secob, está suspendida administrativamente, pues supera el 70% del monto contractual.
Otras obras reportan fallas técnicas; no se han hecho por falta de predio; proyectos finalizados que no se pueden recibir porque falta el visto bueno de las entidades a cargo; obras en proceso de terminación de mutuo acuerdo; o de terminación unilateral.
Para solucionar los problemas se requieren reformas legales que faculten, por ejemplo, a las instituciones la suscripción de convenios de pago que se requieren o nuevos contratos complementarios.
El Gobierno aún no ha definido si esas reformas entrarán en el paquete económico urgente planteado por el Jefe de Estado el pasado 11 de octubre. Wated consideró que no hará falta financiamiento nuevo, pues esas obras ya cuentan con presupuesto.
Además, puntualizó que esperaba que las reformas se incluyan en el proyecto de Ley económico, pero ayer el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, señaló que este tema no se sumará al paquete.
El funcionario aclaró que el monto que menciona Senplades aún es una estimación, por lo que no se incluirá en la Pro forma 2018 que se enviará a la Asamblea la próxima semana. “Habrá que hacer los peritajes respectivos. Es una estimación todavía muy gruesa, necesitamos una valoración exacta”.
En el balance de las 640 obras no se incluyeron proyectos del sector petrolero porque están a cargo de empresas públicas y las 640 obras corresponden solo al Presupuesto del Estado, que no incluye a las estatales.
Byron Ojeda, gerente de Petroecuador, explicó ayer en que las infraestructuras petroleras serán parte de una auditoría, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre ellas, se auditarán las refinerías Esmeraldas, del Pacífico, el Poliducto Pascuales Cuenca, la planta Bajo Alto y Monteverde. Además, se analizará la Refinería de La Libertad.
Fuente: ElComercio:
