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La Contraloría remitió este martes a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de varios funcionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), entre otros motivos, por irregularidades en la contratación de proveedores y servicios para la realización de los denominados enlaces ciudadanos o sabatinas.

Estos espacios semanales fueron utilizados por el expresidente Rafael Correa para criticar y descalificar a sus opositores, así como para transmitir propaganda sobre su gobierno.

El informe de la Contraloría abarca contratos desde junio del 2013 hasta mayo del 2017.

El organismo de control además notificó el lunes al superintendente de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, con el pedido del organismo de control de que se lo destituya, pues los plazos para que presente pruebas de descargo concluyó. Además, se le informó de una multa de 7.720 dólares.

Los auditores observaron que no se justificaron el pago de bonos y la entrega de un vehículo de parte de Gamavisión (canal incautado, en poder del Estado) a Ochoa, cuando este fue director de noticias de ese medio de comunicación.

En su cuenta de Twitter, Carlos Ochoa señaló el martes que todas las resoluciones administrativas son impugnables judicialmente.

Los patrimonios de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, que dirigieron el aparato de comunicación en el gobierno de Rafael Correa, también están siendo auditados por la Contraloría. (I)

Fuente: LaRepública

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