A inicios de abril, la Corte Constitucional (CC) podría emitir su resolución sobre las demandas de inconstitucionalidad a la Ley para la Justicia Laboral, que impulsaron grupos sindicalistas que ven afectados sus derechos por la fijación del límite al pago de utilidades, y las reglas que se establecieron para el pago del Estado de los aportes para las pensiones al Instituto de Seguridad Social (IESS).
Las querellas se presentaron en mayo del 2015 contra los artículos 15, 63, 65, 68.1, 69, y la Disposición General Única de la norma; y ayer, casi tres años después, los nueve jueces constitucionales los recibieron en una segunda audiencia, antes de emitir una sentencia.
Rafael Oyarte, patrocinador de los trabajadores de las empresas telefónicas, recordó a los jueces que en la demanda consta un pedido de medidas cautelares que no ha sido tramitado. Por ello, pidió que si hasta el 15 de abril (fecha de pago de utilidades) no dan su dictamen, la norma no pueda aplicarse.
Los juristas Joaquín Viteri y Víctor Granda representaron al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en la diligencia. El primero reprochó que la ley viola el derecho a la contratación colectiva. Y consideró que “poner límites” al pago de las ganancias es una “actitud discriminatoria” en contra de los empleados, porque a los “empresarios no se les hace nada”. “Es una señal de mezquindad. La Corte puede enmendar y obligar a que se devuelva a los trabajadores lo que no se les pagó el primer año de aplicación de la ley”, propuso.
Sobre la disposición que señala que se garantizará el pago de las pensiones del Seguro Social solo cuando este no cuente con los recursos para cubrirlos, Viteri pidió a la Corte que “salve la seguridad social, porque la sentencia será para salvar las futuras generaciones”.
Michelle Pineda, delegado de la Presidencia, exhortó a la CC desechar el pedido y que se “module la sentencia sobre las utilidades”.
El proyecto de sentencia estuvo en manos del juez Francisco Butiná, pero la resolución la dictará el Pleno. (I)
Regularizar
Los servidores públicos que estén bajo la categoría de contrato ocasional deberán atravesar un concurso de méritos, anunció el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma. Contó que en este mes todos los ministerios de la Función Ejecutiva deberán presentar un plan de ‘perfil de puestos’ para que “todos los contratos ocasionales se conviertan en indefinidos”. “No se va a despedir a nadie, se va a regularizar”, dijo el funcionario el lunes. (I)
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