La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó hoy la derogación de la Ley de Plusvalía, en vigor desde 2016 y cuya eliminación fue resuelta en una consulta popular y referendo celebrado en febrero, tirando abajo así otro de los emblemas del correísmo.
Con 97 votos a favor y 18 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó hoy la “derogatoria” de la Ley de plusvalía, señaló el Legislativo en un comunicado.
Con ello, el Parlamento se allanó a la voluntad popular expresada en las urnas durante el referendo del pasado 4 de febrero, cuando un 63 por ciento de los electores aprobaron la pregunta número 6 sobre la ley que pretendía evitar la especulación del suelo.
“¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Lev Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía“, según el Anexo I?”, se preguntó a los ecuatorianos en la consulta que incluía otras seis inquietudes sobre diversos temas.
La polémica normativa sobre la plusvalìa, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), generó rechazo de grupos de oposición de derechas, sindicatos y gremios de la construcción, por considerar que desalentaba el empleo y afectaba al sector inmobiliario.
“Estamos trabajando por la reactivación de un sector importante de la economía del país, que está ligado a la generación y multiplicación del empleo“, aseguró durante el debate de hoy el legislador Fernando Burbano, del movimiento de centro derecha CREO.
Explicó que la construcción aglutina a un contingente de trabajadores y que proporciona beneficios a un sinnúmero de otras actividades que dinamizan la economía nacional.
Burbano destacó el efecto multiplicador del sector, por lo que aseguró que, además de derogar la Ley de Plusvalía, se debería determinar a futuro incentivos que favorezcan el crecimiento del sector inmobiliario.
“El pueblo demanda leyes que reactiven la economía familiar de los miembros de su hogar“, añadió y dijo que la ley anterior no logró atacar la especulación del suelo, como quería combatir.
De su lado, el legislador oficialista Ricardo Zambrano coincidió en que la anterior normativa afectó a la construcción y al encadenamiento productivo que genera esa actividad.
“Es una actitud de vanidad mantener una ley que no ha dado los frutos esperados”, añadió Zambrano al ratificar el derecho de los ecuatorianos a una vivienda.
De su lado, el oficialista Rodrigo Collaguazo aseguró que el sector privado tiene ahora que cumplir su parte y generar las plazas de empleo que se perdieron con la aplicación del anterior cuerpo legal.
Y es que, según un informe de la comisión que preparó el debate sobre la derogación de esta normativa, con la aplicación de la Ley anterior se habrían perdido unos 140.000 empleos y producido una contracción de 1.500 millones de dólares en el sector de la construcción.
Collaguazo, al respecto, aseguró que se habrían afectado unos 300.000 empleos directos e indirectos en un año y medio.
Por su parte, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, del movimiento Revolución Alfarista, que defiende la gestión del expresidente Correa, justificó la normativa que, según dijo, “buscaba controlar” la especulación en la que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias.
Lloret se apoyó en documentos de la conferencia sobre “Hábitat” desarrollado por Naciones Unidas en Ecuador, el año pasado, en el cual se comprometieron a combatir y prevenir la especulación del suelo.
La también correísta Lira Villaba expresó que debe respetarse la democracia. “Ojalá en algún tiempo, no muy lejano, exista más conciencia social y dejemos de mimar tanto a la aristocracia. Seguimos sin decidir para las grandes mayorías”, acentuó. EFE (I)
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