Parámetros internacionales y garantía del debido proceso, promete CPCCS en proceso de evaluación de autoridades

Guayaquil, 23 mar (Andes).- Ecuador se apresta a observar un proceso de evaluación de las autoridades de control por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, ente creado tras la consulta y referéndum aprobado el pasado 4 de febrero, cuya tarea deberá concretarse en un plazo de 180 días.

“El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos, y si lo hiciere procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección»”, dice textualmente una parte del anexo contenido en la pregunta 3 del plebiscito.

Y agrega que «para el efecto, expedirá una normativa que regule el proceso de evaluación garantizando el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios».

Las autoridades del organismo temporal aprobaron el pasado miércoles una hoja de ruta mediante la cual se aplicarán los procedimientos para este proceso, que como primer objetivo de trabajo, según han adelantado los propios consejeros, tiene la tarea de revisar la actuación del fiscal del Estado, Carlos Baca Mancheno.

El consejero Pablo Dávila, quien lidera una subcomisión encargada de este proceso, explicó a Andes que el reglamento contiene parámetros de evaluación acordes a elementos considerados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El funcionario explicó que este reglamento contempla dos partes fundamentales: manejo del proceso y las herramientas con las cuales se va a evaluar.

Respecto del primer elemento, Dávila sostuvo que tiene que ver con los procedimientos, es decir que existan las garantías del debido proceso. Para ello, se iniciará una fase de investigación, luego una de contradicción en la que la autoridad evaluada pueda presentar sus pruebas de descargo.

También se efectuará una fase de audiencia pública en la que se aspira a contar con la participación de la ciudadanía y finalmente se harán los procesos de evaluación y resolución, indicó Dávila.

Mientras que, por el lado de las herramientas de evaluación, tiene que ver con los estándares internacionales, para lo cual se solicitó el aporte de las Naciones Unidas.

Uno de los primeros aspectos a revisarse es la legitimidad en el ejercicio del cargo, es decir cómo se manejaron los procesos de selección en el anterior Consejo de Participación Ciudadana, si hubo independencia en la designación, si no dieron conflictos de intereses, qué grado de participación ciudadana hubo en la designación, entre otros.

Otro aspecto que se tomará en cuenta es el relacionado con el cumplimiento de la ley y disposiciones reglamentarias que apliquen al cargo evaluado.

Manejo de fondos

Asimismo, Dávila indicó que se evaluará el manejo de fondos públicos, donde se verificará si el funcionario cumplió con un plan financiero adecuado, la adopción de políticas públicas, si hubo informes de gestión, y su se cumplieron los presupuestos y la planificación.

Respecto de si los seis meses que tienen para cumplir con todo el proceso de evaluación será suficiente, el consejero del CPCCS señaló que adoptarán una dinámica que permita cumplir con el mandato aprobado en las urnas el 4 de febrero.

“El país debe entender que entramos en un proceso de evaluación global, de tal manera que todas las personas sepan que están siendo evaluadas. El mensaje es: todo el mundo va a ser evaluado de  inmediato”, enfatizó el funcionario.

En ese contexto, la consejera Miriam Félix señaló que si bien se evaluará a todos los funcionarios nombrados por el cesado CPCCS, habrá una priorización de cuyos funcionarios tengan más denuncias.

Si bien el titular del Consejo, Julio César Trujillo, prefirió no adelantar nombres para evitar caer en prevaricato, consejeros se han adelantado a señalar el caso del fiscal general, Carlos Baca, quien enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea y otro judicial relacionado con el desempeño de sus actividades.

El proceso de evaluación continuaría con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego el defensor público, Ernesto Pazmiño; la de los vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la del defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira. Paralelamente se realizarán los procesos de selección de los titulares de la Procuraduría del Estado y de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), mediante ternas remitidas por el mandatario Lenín Moreno.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición ejercerá sus funciones de forma improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección, que será coincidente con los próximos comicios para designar a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, que se prevé en marzo de 2019.

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