“Guacho no es el problema, sino la economía que se maneja en la frontera”: Inredh

Quito, 25 abr (Andes).- El coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Harold Burbano, afirmó que frente a la problemática que vive la frontera norte, es preciso que el Estado intervenga en todo el cordón limítrofe con un plan de desarrollo integral que incluya beneficios como salud, educación, vialidad, entre otros, y remarcó que alias Guacho, el hombre ‘Más buscado’ En Ecuador «no es el problema», sino cómo se maneja la economía en la región.

«No queremos 400 mil desaparecidos en Ecuador y la gente de frontera tampoco los quiere; no quieren detenciones arbitrarias, o una línea de frontera temerosa o vacía. Lo que queremos para el Ecuador es una frontera viva en donde la inteligencia sea social y se escuche a la gente», dijo Burbano en entrevista con Andes.

¿Ecuador está luchando una guerra que no le corresponde?

La guerra fue nuestra desde que empezó. El Ecuador fue parte del territorio conflictivo desde que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) empezaron a operar, desde que el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los grupos irregulares existen en Colombia; es más, los campamentos de Raúl Reyes, los campamentos de descanso muestran que esto pasaba.

No nos estamos ganando una guerra que no es nuestra, estamos empezando a retomar un territorio que ya nos ganaron en una guerra que no combatimos; entonces si lo vamos a hacer ahora, debemos tener estrategias propias. Se escucha decir que como esta guerra no era nuestra, no tenemos experiencia y que llamemos a los colombianos, a los mexicanos y a los Estados Unidos para que nos ayuden a pelear. Creo que la política de seguridad de esos países no ha sido efectiva.

No queremos 400 mil desaparecidos en Ecuador y la gente de frontera tampoco los quiere; no quieren detenciones arbitrarias, o una línea de frontera temerosa o vacía. Lo que queremos para el Ecuador es una frontera viva en donde la inteligencia sea social y se escuche a la gente.

¿Cuál es la situación que se puede mirar en este momento en el cordón fronterizo?

La situación de la frontera es la misma que hemos vivido hace 50 años: abandono y desprotección, tanto a la gente como al territorio. Hablando desde la perspectiva de seguridad es un territorio donde no hay control efectivo de las autoridades estatales.

Recién se regresó la mirada a esta zona, desde el punto de vista militar, desde inicios de los 90 cuando se empieza a apagar el conflicto con Perú y con la idea de luchar contra el crimen organizado y contra las drogas. Eso ocasionó un choque con las comunidades que no conocían nada más que su propia realidad y llegar con una estrategia militar no fue la mejor idea.

Veo la situación del cordón fronterizo igual que lo que venía pasando hace 50 años y no es culpa del gobierno anterior o de una tendencia, sino que de una política estructural en la que el Ecuador no ha querido ver a la frontera como un lugar importante. Se está repitiendo la misma historia y no nos damos cuenta que esta zona necesita otro tipo de intervención.

¿Cuál debería ser la reacción del Estado, más allá de la presencia militar?

Es importante escuchar a la gente. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos presencia en el territorio y conocemos lo que la gente pide. Por ejemplo, desde los acontecimientos de enero la gente tiene mucho miedo no a las fuerzas irregulares, no a la economía irregular, no a los grupos armados, sino al Estado. Lo que le pide es: no vengan a atemorizarnos más, porque ocho de cada 10 personas aquí estamos involucrados en una economía irregular de forma directa o indirecta.

Le dicen al Estado venga y denos posibilidades de tener otras perspectivas de vida y de desarrollo y que no sea el único camino ser reclutados y tener que dar servicios a estas bandas de crimen organizado o a los disidentes. Lo que dice la gente es que la intervención debe ser integral. Piden es que exista desarrollo productivo, pero que sea para las comunidades, pensando en una estrategia desde el territorio y no desde la macroeconomía.

¿Qué implicaría el desarrollo para las comunidades?

Primero hay que pensar en cómo las fuerzas irregulares han apadrinado a la gente que vive en las comunidades, las FARC en su época, y ahora a las bandas de crimen organizado que son las que controlan el cordón.

Hay que reconstruir el tejido social para que la gente se auto-asocie en el marco de una estrategia productiva legal. Por ejemplo, hay que promover las asociaciones de producción o agricultura de productos locales. Si vamos a hacer que se produzca yuca que sea con gente de ahí y que no sea una inversión extranjera la que llegue a dar trabajo.

La minería se hace de forma ilegal porque no le queda otra alternativa. Esta actividad podría ser regulada por la Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero) con acompañamiento con maquinaria y en  el desarrollo de cumplimiento de estándares de calidad.

¿Ello es viable en una zona donde 8 de cada 10 habitantes involucradas en algún tipo de actividad irregular?

Lo que hay que hacer es una estrategia a pequeño, mediano y largo plazo. Hay cosas que se deben hacer de forma urgente, como el tema de salud, educación. Pensado exclusivamente en Mataje: no hay un centro de salud activo y la gente prefiere cruzar la frontera e ir a Colombia a hacerse atender en hospitales o centros de salud que son controlados por fuerzas irregulares y no viajar hasta San Lorenzo para hacerse atender ahí. Lo que hay que hacer es acercar servicios de salud, por lo menos un equipo de un médico y una enfermera para que la gente no tenga que responder a estos grupos.

Hay programas que ya están articulados, por ejemplo el plan vivienda de gobierno ‘Toda una Vida’. Territorio es lo que sobra en la zona, entonces una expropiación de una terreno que no esté siendo utilizada para construir cientos de casas para darle a la gente que ha sido desplazada, se puede hacer en el corto plazo y generaría confianza con el Estado ecuatoriano.

Paralelamente habría una estrategia militar de desarticulación de las bandas para que la opción cambie de lado. Para que el débil sea el criminal de las bandas y para que la gente piense que es más seguro engancharse a una economía global y no a una ilegal porque va a haber mayor riesgo. Pero que, por el otro lado, haya la posibilidad de elegir la economía regular porque si no me das de dónde elegir yo me arriesgo porque tengo que comer. Tiene que ser una estrategia que abarque los dos frentes.

¿Esta situación es igual en todas las provincias fronterizas?

Sí, por lo menos en todo el cordón de la línea fronteriza. Solamente la ciudad de Tulcán es una excepción. En el Carchi tenemos Chical, Maldonado, Tufiño, Urbina, que también están viviendo lo mismo que vive Mataje, que es lo que viven del otro lado, en Puerto Mestanza, Ricaurte y toda la zona de Sucumbíos.

El cordón fronterizo ha sido abandonado porque no le convenía a ningún gobierno ganarse un problema pero, si el gobierno actual tiene la voluntad de atender esta zona, tiene que ser una estrategia bien pensada.

¿Hay registros del número de familias que se han desplazado desde las comunidades?

Desde enero hasta marzo son 124 familias desplazadas en la parroquia de Mataje, Las Delicias, Turulpí, Ricaurte. De estas 50 están en un albergue provisional en la iglesia de San Lorenzo, 43 familias  entraron a una estrategia de acogimiento familiar, es decir que familias de San Lorenzo, que no eran las suyas,  los acogió en sus casas, y las restantes están en casas de familiares.

¿Hay registros de desapariciones?

Desde el año 2010 no hemos monitoreado la zona en tema de desapariciones forzadas. Nosotros creemos que bajó de manera exponencial la desaparición de gente de la zona, pero aumentó proporcionalmente la desaparición en otras partes del país y creemos que muchas de las personas que han sido declaradas como desaparecidos pueden tener relación con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

¿Cuál es el panorama a futuro?

Si el Estado sigue con una estrategia militar, esto va a terminar con la muerte del Guacho, con la desarticulación de una parte de su banda, pero va a volver a resurgir. El Guacho no es el problema, sino la economía que se maneja en ese territorio. Hay por lo menos 12 grupos que están trabajando en la zona, entonces si desarticulamos uno lo que van a hacer los otros es ganar el espacio y la gente del cordón fronterizo, cuando los militares se vayan, van a volver a pasar la frontera, van a volver a ser reclutados y el problema va a seguir.

• la/yp