Desarrollo productivo, una prioridad en la frontera norte de Ecuador

Quito,  may (Andes).- Las poblaciones que habitan en la frontera entre Ecuador y Colombia han puesto sus esperanzas de ser más productivos y tener mejores condiciones de vida, en la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Esperan que con eso el Estado salde lo que ellos consideran una “deuda histórica”.

El artículo 11 de normativa, ratificada en el Parlamento la semana pasada, plantea “estímulos económicos especiales en temas crediticios, arancelarios y tributarios para el desarrollo de la industria, actividades agropecuarias, pesca artesanal, comercio y turismo”, con el fin de activar la economía en el cordón fronterizo.

Quienes han vivido toda su vida en la frontera consideran que, más allá de la presencia militar, es necesario que el Estado construya una política pública que promueva el desarrollo, así lo explica Florencio Canticus, líder de la población Awá.

“La gente que vive en el campo vive de acuerdo a lo que cultiva, de la pesca y la cacería y no le queda otras opciones. En los últimos tiempos como la población ha crecido ya no hay animales, ni peces (…) ya no se puede vivir solo de eso, debemos generar proyectos alternativos para la ciudad y tenemos que mejorar la condición de vida para tener recursos para poder educar a nuestros hijos”, dijo en entrevista con Andes.

Con él coincide Julio Robles, alcalde de Tulcán (Carchi), quien asegura que la falta de apoyo económico y las pocas medidas de seguridad hacen que las personas se vuelvan “más vulnerables a las tentaciones de diferentes grupos subversivos e irregulares que generan dinero fácil pero mal habido”.

“Tulcán es una ciudad en la que el comercio ha bajado en un 85% y en la que no ha existido una presencia real en proyectos de desarrollo, de trabajo, en créditos blandos, incentivos tributarios por parte del Estado”, dijo a esta Agencia.

Robles precisa que, pese a que la Constitución ecuatoriana garantiza un tratamiento preferencial a todas las poblaciones ubicadas en la zona fronteriza, no existen suficientes regulaciones para que eso se cumpla. “Seguimos viviendo con presencia de extorsiones, desde hace varios años se han dado hasta secuestros a nuestra gente», explicó.

Ahora cree que la aplicación de la Ley les permitirá generar proyectos relacionados a seguridad, beneficios sociales, incentivos tributarios, redistribución de recursos para obra pública de los gobiernos locales, entre otros.

Del lado amazónico de la frontera, en Sucumbíos, la situación es similar. Robert Gallegos, gobernador de la provincia, considera que aunque ya hay inversión en salud, educación y servicios de ayuda “amerita que haya mayor inyección de recursos del Estado para promover los polos de desarrollo”.

“Han sido años de abandono, pero en la actualidad el Estado ha mejorado su presencia en los límites fronterizos (…) acá hay una diversidad de productos que se pueden fortalecer tanto en el tema agrícola, para medicina ancestral, o el turismo”, señaló a Andes.

En esa provincia, según Gallegos, una de las necesidades es el fortalecimiento de la educación superior y que, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se incremente el acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, entre otros.

La Ley de Desarrollo Fronterizo establece que, además del incremento en la inversión pública, se aprovechen los acuerdos de integración bilateral firmados por con los Gobiernos de Colombia y Perú.

En el caso de Tulcán, Robles señala que para la consolidación de proyectos es necesario que exista el cumplimiento de las partes de los compromisos bilaterales. Explicó que en un momento determinado en su ciudad existió un proyecto para el manejo de residuos sólidos con el Municipio de Ipiales (Colombia), sin embargo este no se concretó “por falta de apoyo” de la Cancillería ecuatoriana.

En Sucumbíos, las autoridades aseguran que ya existen proyectos con diferentes entidades gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, de Producción, de Comercio, entre otros, que tienen que ver con asesoría y capacitación a los pobladores para que puedan sacar adelante sus proyectos.

Desde el Ejecutivo ya hay un plan para convertir a las provincias de la frontera en polos de desarrollo productivo aprovechando la diversidad de factores con los que cuenta la zona.

En Esmeraldas, la más afectada en este momento, se prevé ejecutar programas de desarrollo de proveedores; propiciar encadenamientos e industrialización del sector agrícola; brindar capacitación y tecnificación; desarrollar el sistema dual en instituciones educativas y empresas, entre otras medidas.

Un grupo de 25 empresarios esmeraldeños de los sectores palmicultor, de pesca, forestal y cacao solicitaron el apoyo del Gobierno para mantener el trabajo en la región que genera alrededor de 5000 plazas de empleo, USD 300 millones de inversión y USD 120 millones de divisas por exportaciones desde los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, los que permanecen en ‘estado de excepción’.

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