Caso Gabela: Asamblea pide investigar a Rafael Correa, Javier Ponce y generales de la FAE
ASAMBLEA CASO GABELA
El informe final de la Comisión Ocasional Multipartidista a cargo del caso de asesinato del General Jorge Gabela establece la posible existencia de un crimen de Estado y recomienda el análisis de patrimonio y los movimientos financieros de 67 personas involucradas en la adquisición de los helicópteros Dhruv y el Comité Interinstitucional creado por el ex presidente Rafael Correa para indagar la muerte del excomandante de la FAE. Informa diario La Hora
El documento base reúne 17 conclusiones y 10 recomendaciones. A continuación lo esencial que los asambleístas deberán aprobar hoy, 15 de noviembre de 2018:
El texto revela que dentro de los procesos fallidos y aquel adjudicado para la compra de los helicópteros Dhruv existe una “falta de diligencia en procesos de contratación, pugna de intereses al interior de la FAE, e interferencia de la misma en las decisiones del Comité de Contrataciones”. Asimismo habría “extrañas relaciones entre altos mandos militares y representantes de empresas dedicadas a la venta de armamento militar”.
Por otra parte, según el documento, informes de Contraloría General del Estado carecen de precisión en cuanto al análisis de la documentación. No se estableció responsabilidad sobre el Ministro de Defensa nacional, Javier Ponce Cevallos, a pesar de tener evidencia de inobservancia administrativa.
Existe también la “presunta certeza” de participación del crimen organizado en el asesinato de Gabela, para lo que se presentaron evidencias sobre los funcionarios públicos que pretendieron cambiar o eliminar partes del informe del perito Roberto Meza. Las pericias necesarias para determinar a los responsables del crimen no fueron realizadas.
La tesis de Meza de que el asesinato de Gabela “sería consecuencia de la delincuencia organizada”, que forma parte de las conclusiones del segundo informe, no ha logrado ser desvirtuada a través de ningún documento, se lee en el informe de la Comisión Legislativa, así como tampoco se ha desmentido la existencia de un tercer informe.
El documento señala que Roberto Meza y el ex ministro de Justicia, Lenín Lara, confirmaron que en la reunión del Comité en 2013 se conocieron los nombres de los presuntos autores intelectuales, los que constarían en el informe. El documento realizado por Meza tendría sumillas y firma de responsabilidad, lo cual no tiene el informe presentado por la ex ministra de justicia, Ledy Zúñiga, en rueda de prensa en 2015.
Tras el análisis de la rueda de prensa y el Enlace Ciudadano 410 en 2015, en el informe se determina que Rafael Correa y Ledy Zúñiga hicieron públicas las conclusiones aprobadas por el Comité tres meses después del enlace, a pesar de que el Decreto Ejecutivo 1317 indica que ‘Una vez que el Presidente de la República analice el contenido del informe final, lo pondrá en conocimiento de toda la ciudadanía y será de acceso público’.
La integración del Comité Interinstitucional a cargo de las denuncias de Patricia Ochoa en relación a la muerte de Gabela no fue independiente e imparcial, y su funcionamiento y operatividad fue informal y negligente al no existir grabaciones de las sesiones, delegaciones escritas de Ministros, informes del cumplimiento de la delegación, entre otros. Los funcionarios que presuntamente habrían incurrido en esto son: Lenín José Lara Rivadeneira, Ledy Andrea Zúñiga Rocha, Homero Arellano Lazcano, Fernando Cordero Cueva, César Navas Vera, María Fernanda Espinosa Garcés, Diego Guzmán Espinosa, Vinicio Alvarado Espinel, Cristian Leonardo Castillo, Paola Carrera, Geovanna Palacios y todos los demás miembros y delegados que formaron parte de este comité.
En relación a la documentación presentada en noviembre de este año, el texto señala que existe una presunta relación entre el ex asesor de la Senain, Javier Molina Bonilla, vinculado a los Panamá Papers, y la empresa Sumil, representante de la empresa adjudicataria del contrato de los Dhruv.
El informe señala que existen evidencias suficientes del incumplimiento a la ley e inobservancia de disposiciones administrativas por parte de funcionarios públicos, miembros del Comité de Contrataciones y personas relacionadas a la compra de los Dhruv. De igual manera, no hubo el seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
