Organizaciones políticas sin reconocimiento legal no pueden pedir aportes
El Consejo Nacional Electoral (CNE) prepara la certificación solicitada por la Fiscalía en relación a si la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, denunciada por presunto cobros de diezmos cuando fue asambleísta, y su denunciante Ángel Polivio Sagbay, pertenecen a un partido político. Esto en atención al oficio remitido por la Fiscalía dentro de la investigación previa para investigar la comisión de presuntos delitos y sus responsables.
Vicuña ha reconocido que eran aportes voluntarios para la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), organización política que estaba en proceso de formación.
Sin embargo, Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que los aportes y donaciones las pueden recibir únicamente aquellas organizaciones políticas legalmente reconocidas por el organismo electoral. “(A) Cualquier otra organización que no esté dentro del reconocimiento legal no es competencia del organismo electoral atribuirle derechos ni pedirle responsabilidad ni obligaciones”, dijo.
En una entrevista con EFE, la vicepresidenta dijo desconocer la suma exacta de contribuciones que entraron en su cuenta de banco por contribuciones de militantes del movimiento ABA.
«No tengo la más remota idea, estamos hablando desde el 2011. Incluso desde antes del 2009, desde que era asambleísta (…) No tengo las cifras en la cabeza», dijo Vicuña durante la entrevista, en la que negó cualquier tipo de irregularidad o «ilegalidad» en la captación de financiación para su movimiento.
Según el portal ecuatoriano «Código Vidrio», Vicuña habría recibido en su cuenta varias cantidades transferidas por una exasesora de hasta 15.000 dólares, además de otros montos de ordenantes no identificados, y registra un total de 1,2 millones de dólares en movimientos.
El Movimiento Alianza PAIS se pronunció a través de su cuenta de Twitter en respaldo a la vicepresidenta, “quien ha tenido que enfrentar en los últimos días, una arremetida política” en su contra.
En un comunicado oficial, señala que la denuncia “debe ser procesada en la justicia, con argumentos, pruebas, con respeto al debido proceso y con sentencias dictadas en los tribunales judiciales”. Además, recalca que los pronunciamientos por parte de la Asamblea Nacional deben ajustarse “al derecho de las personas a la presunción de inocencia”.
Fuente: diario LaHora
