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La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, presentó cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero contra el presidente saliente brasileño, Michel Temer.

Según informó la revista semanal brasileña Veja, la denuncia forma parte de una investigación sobre una supuesta trama de corrupción en los puertos, tras un decreto firmado por Temer en 2017 para favorecer al sector.

La fiscal Dodge informó que el presidente saliente se aprovechó de “ventajas indebidas” contempladas en el referido decreto.

Por otro lado, aludió al coronel retirado Joao Baptista Lima Filho, uno de los amigos del círculo personal de Temer, como la persona clave que actuaba en las relaciones comerciales del gobernante con “empresarios del sector portuario, disimulando su existencia, naturaleza y efectos”.

La imputación se basa en un informe presentado en septiembre de 2017 por la Policía Federal de Brasil, en el que se le solicitó a la Corte Suprema que investigara a Temer por un supuesto pago de sobornos al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) —formación política que lidera— y beneficiar a empresas del sector portuario.

El mandatario brasileño, desde que asumiera la Presidencia de Brasil en 2016, ha sido en varias ocasiones acusado de corrupción, por ello, y pese a que la ley del país establece que no puede ser procesado mientras esté en el cargo —su mandato termina el próximo 1 de enero de 2019 y con ello su inmunidad—, se comprometió a colaborar con la Justicia brasileña y revelar sus delitos a cambio de reducciones en sus condenas.

Conforme a la legislación, la denuncia debe ser analizada por la Cámara de Diputados, un procedimiento que se dilatará en el tiempo y posiblemente supere la fecha del 1 de enero, con lo cual Temer ya no gozará de sus privilegios y la denuncia seguirá su curso en tribunales de categoría inferior a la Corte Suprema.

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