En tanto, 184 millones de personas vivían en dicha situación, para el 30,2 por ciento de la población de América Latina y el Caribe, y aunque las proyecciones de la Cepal indican para 2018 dos millones menos de individuos en esas condiciones, la cantidad de quienes estarían en extrema miseria aumenta en un millón.
Al analizar las estadísticas, Bárcena dijo que la región logró avances entre la década pasada y mediados de la presente, pero a partir de 2015 se registra un retroceso, sobre todo en los que viven en la mayor miseria.
Sobre este tema consideró que los gobiernos deben impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos que permitan salvar esa situación.
El informe revela además profundas diferencias de la pobreza entre sectores sociales, pues en las áreas rurales es 20 por ciento mayor que en las ciudades, mientras que los niños y jóvenes, las mujeres, y sobre todo las poblaciones indígenas son los más afectados por ese flagelo.
e los países estudiados en el informe los que más redujeron la pobreza fueron Chile, El Salvador y Dominicana, a partir del aumento de los ingresos laborales en los hogares, mientras que Costa Rica, Panamá y Uruguay lo lograron mediante el incremento de la asistencia social a las familias de menores ingresos, puntualizó Bárcena.
El documento de la CEPAL recalca que para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en la inclusión social y la inclusión laboral de la población mediante políticas activas, lo que se conoce como doble inclusión.
Sin embargo, alrededor del 40 por ciento de la población ocupada de América Latina recibe ingresos inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48,7 por ciento) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9).
Bárcena advirtió que esa doble inclusión mejoró entre 2002 y 2016, aunque en esa condición solo se encuentra el 23,5 por ciento de las familias, en tanto que el 45 por ciento está ‘doblemente excluidos’, porque tiene ingresos por debajo del índice de pobreza y no recibe beneficios sociales que alivien esa situación.
El Informe concluye que es necesario aplicar simultáneamente políticas de inclusión laboral y social con sistemas de protección para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades, con un enfoque de igualdad que tenga en cuenta a los sectores menos favorecidos, como los jóvenes, las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidad.
