Más de 100 personas, entre representantes de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, así como delegados de organizaciones sociales y civiles, expertos en prevención y erradicación de las violencias, consejos nacionales de igualdad, consejos y juntas cantonales de Protección de Derechos, participaron en el Acuerdo 2030 “Por una vida libre de violencias”, que se desarrolló en Zamora Chinchipe, convocado por las coordinaciones zonales del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y Secretaría de Derechos Humanos.
La falta de funcionamiento de las ordenanzas, escaso conocimiento de las normas y leyes, ineficiencia en la recepción de denuncias y seguimiento de procesos, además de la no ejecución de programas de prevención o la inexistencia de jueces especializados en violencias, fueron parte de las problemáticas identificadas durante el diálogo social, el cual se desenvolvió en base a tres ejes: prevención de violencias, sistemas de protección integral y acceso a la justicia.
Lizie Ernst, delegada de la sociedad civil, dirigió la etapa de plenaria, donde a más de exponer las problemáticas en torno a las violencias, se sintetizaron los acuerdos, compromisos y propuestas. Resaltó la importancia de generar mecanismos activos de participación que den paso al involucramiento ciudadano. Hizo hincapié en la articulación entre organismos del sistema de protección de derechos y la sociedad civil, en el buen uso de los recursos que los GAD deben destinar a los grupos de atención prioritaria, conforme indica el artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
En lo que respecta a justicia, Ernst destacó que se deben fortalecer las rutas de acceso, “y estas deben ser territoriales, incluso parroquiales, ya que cada caso requiere de respuestas inmediatas y concretas”. Refirió que los operadores de justicia deben tener especialidad, pero sobre todo sensibilidad humana y perspectiva de género.
Cindy Muñoz, representante juvenil, también fue parte de las mesas de diálogo, señaló que no hay mejor herramienta que el afecto y el amor para cuidar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. “Son los gobiernos Central y locales los principales responsables de velar por los derechos y seguridad de este grupo poblacional”.
Baneza Flores, representante de las mujeres de Yantzaza, adujo que la sensibilización y la unión son claves en la lucha contra las violencias. “Tanto Gobierno como sociedad, comunidad y familia debemos empoderarnos de nuestro rol, de manera que juntos trabajemos para que nuestros grupos prioritarios no sean víctimas de violencia”.
Por su parte, Rocío Granda, coordinadora del MIES en la Zona 7 y Piedad Fernández Directora del MIES en Zamora Chinchipe, indicaron que a través de este acuerdo se busca dar respuesta a corto, mediano y largo plazo para transformar prácticas sociales e institucionales que han naturalizado la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas LGBTI.