El Gobierno ecuatoriano disolvió el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, creado por el expresidente Rafael Correa antes de dejar el cargo, por haber incumplido diversos artículos de varias leyes.
Según la notificación, que publicó este martes el propio Correa en redes sociales, los servicios jurídicos de la Cancillería ecuatoriana decidieron el lunes disolver la Fundación con base en incumplimientos del artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y del 39 de su Estatuto Constitutivo.
Asimismo, de los numerales 1 y 2 del artículo 6 del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a Organizaciones Sociales, y de los artículos 14, 16 y 17 del mismo cuerpo normativo.
En el escrito remitido al Instituto Eloy Alfaro, cuya autenticidad ha sido confirmada a Efe por una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, se señala que la decisión fue tomada el 18 de julio.
Según el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, «las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos».
Por su parte, los numerales 1 y 2 del artículo sexto del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a Organizaciones Sociales, resalta las obligaciones de las organizaciones.
En este sentido, cumplir con la normativa nacional y la Constitución, y entregar a la entidad competente del Estado toda documentación e información establecida en el mismo Reglamento, incluyendo la que se generase en el futuro como consecuencia de las operaciones de la organización social.
Según el escrito, el Instituto también habría incumplido con los requisitos y procedimientos para la reforma de sus Estatutos -artículo 14 del Reglamento-, así como en lo que a la elección y registro de la directiva y de sus miembros se refiere -artículos 16 y 17-.
Tras conocerse que la Cancillería había decidido disolver la institución, el expresidente escribió en sus redes sociales que la decisión se llevó a cabo «de la forma más arbitraria» y criticó que el país no se rige por un Estado de derecho.
«Primero dijeron que nos financiaba Venezuela. Como se les derrumbó esa tontería, ahora dicen que hemos ‘incumplido’ la ley. Todo un atentado a los derechos humanos, pero no importa, es ‘contra Correa’ ”, aseguró el ex mandatario en otro mensaje.
En marzo, el Gobierno ecuatoriano denunció a Correa ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la supuesta recepción de fondos desde Venezuela «con el propósito de desestabilizar la democracia», fondos que habrían llegado al expresidente a través de este Instituto desde el régimen de Nicolás Maduro.
Antes, el propio presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció durante la celebración de la cumbre de Prosur en Santiago de Chile que existían «intentos desestabilizadores liderados por los exmandatarios de Ecuador y Venezuela» hacia diversos países de la región.
Según Ecuador, se transfirieron desde el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, 281.000 dólares al Instituto de Pensamiento Político y Económico «Eloy Alfaro» para «alimentar cuentas personales de ex funcionarios».
Sin embargo, el Ministerio Público rechazó iniciar una investigación en contra de Correa por este hecho ya que no encontró indicios de una conducta contraria a la ley. EFE
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