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Johana Pesantes y Andres Michelena acuden a la fiscalia de Pichincha a poner una denuncia en contra de José Tuarez por por el mal uso del nombre de la Primera Dama, Roció de Moreno APIFOTO/ DANIEL MOLINEROS

La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez y el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, han presentado una denuncia contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, por el supuesto uso indebido del nombre de la esposa del Presidente de la República, Rocío González, en el caso de venta de cargos públicos por el que la Fiscalía investiga a Tuárez.

Según la secretaria jurídica de la presidencia, Tuárez usaba el nombre de González para ofertar cargos.

En grabaciones de conversaciones que se atribuyen a Tuárez, y que se han difundido en redes sociales, se escucha decir que «Doña Rocío» ha pedido una contribución a cambio del nombramiento de Director de la Aviación Civil a una persona que no se identifica. Más adelante se comenta que «La Matrona» tiene que dar «el visto bueno» a la negociación. En los audios que se han difundido no se menciona específicamente a la señora Rocío González.

“No vamos a permitirlo como Gobierno Nacional, somos un Gobierno transparente, necesitamos que la Fiscalía en el marco de sus competencias realice todas las acciones necesarias en la investigación de este caso”, dijo Pesántez.

Tuárez es una de las 33 personas que fueron capturadas la madrugada del jueves 28 de noviembre y que han sido acusadas por la Fiscalía de conformar una asociación ilícita para ofertar cargos públicos, como la Dirección de Aviación Civil o cargos en las Aduanas, a cambio de altas sumas de dinero. También habrían ofertado contratos en ciertas entidades públicas, a cambio de recibir entre el 10% y el 20% del monto de la contratación.

La señora Rocío González preside el Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida.

Tuárez, contra quien se ordenó prisión preventiva el viernes, se encuentra en la Cárcel Cuatro, en el Inca, al norte de Quito. Otras seis personas implicadas tienen la orden de libertad, pero con medidas sustitutivas. (I)

 

Fuente: La República

 

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