Perú enfrenta grave desastre ambiental: ríos contaminados afectan a más de un millón de personas
Lima, 27 de agosto (DW) – Las autoridades peruanas han declarado que las aguas de los ríos Santa y Tablachaca, vitales para más de un millón de habitantes en la región de Áncash, no son aptas para el consumo humano debido a la alarmante presencia de metales pesados como hierro, arsénico y manganeso. Este hallazgo ha encendido las alarmas sobre un desastre ambiental de gran magnitud.
El gobierno regional de Áncash, en el centro-oeste de Perú, confirmó que las pruebas realizadas en las aguas de ambos ríos revelaron niveles peligrosamente altos de estos metales. La situación es particularmente crítica en el río Santa, cuyas aguas tratadas abastecen al distrito de Nuevo Chimbote, y en el río Tablachaca, que provee de agua a la localidad de Chuquicara. La activista Beatriz Cortez, de la ONG Red Muqui, señaló a DW que «este es un desastre ambiental grave porque estos ríos estaban destinados al consumo de poblaciones enteras.»
La preocupación aumentó a principios de agosto, cuando residentes de la región reportaron una extraña coloración naranja en las aguas de los ríos. Investigaciones preliminares sugieren que la contaminación podría estar relacionada con el colapso de una bocamina en Pallasca, operada por la empresa Minera Tungsteno Málaga SAC. Sin embargo, también se baraja la posibilidad de que la fuente de contaminación provenga de la bocamina 1464, gestionada por la empresa pública Activos Mineros SAC.
A pesar de estas hipótesis, Activos Mineros SAC ha informado que dichas bocaminas han estado inactivas desde 2015, lo que ha generado sospechas de que mineros informales podrían estar operando en la zona. El ministro de Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, ha señalado a la minería ilegal como el posible origen de esta crisis ambiental.
No obstante, la activista Cortez recordó que ambas empresas son conocidas por las autoridades en distintos niveles del Estado, lo que lleva a cuestionar la narrativa oficial. Según ella, «el discurso más fácil que puede adoptar el Estado ahora es culpar a la minería ilegal,» minimizando así la responsabilidad estatal en la supervisión y control de estas actividades.
