Las investigaciones exponen un esquema de lavado de activos y tráfico de influencias liderado por Norero, con implicación de actores judiciales y funcionarios públicos.
Quito 16/10/24.- El Comercio ha informado sobre los avances del caso Metástasis, una investigación que revela cómo Leandro Norero manejaba una red criminal para lavar dinero y proteger sus actividades ilícitas. La Fiscalía ha identificado a jueces y abogados implicados en estos actos de corrupción.
Leandro Norero, conocido como «El Patrón», dirigía una compleja organización dedicada al lavado de activos y narcotráfico. Según lo informado por El Comercio, Norero utilizaba contactos en el sistema judicial para obtener beneficios procesales y proteger su red delictiva. La Fiscalía ha detallado la implicación de funcionarios públicos y colaboradores cercanos a Norero en este entramado de corrupción.
Uno de los actores clave en esta operación era su abogado Xavier N., quien gestionaba los sobornos dirigidos a jueces en varias provincias, facilitando la impunidad de las actividades delictivas. Además, el joyero Marcel L. se encargaba de la administración financiera, permitiendo el lavado de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico.
El informe de la Fiscalía, citado por El Comercio, muestra cómo esta red de corrupción llegaba a altos funcionarios policiales, incluyendo a Pablo R., quien proporcionaba favores administrativos a Norero dentro del sistema penitenciario. Esta estructura permitía que Norero y su red operaran con una amplia cobertura dentro del país.
La investigación ha revelado también comunicaciones entre los implicados, que evidencian cómo se orquestaban los sobornos y arreglos judiciales que garantizaban la protección de la organización. Según las fuentes de El Comercio, la Fiscalía está centrada en desmantelar esta red de corrupción, que ha puesto en jaque la confianza en el sistema judicial y policial del país.
El caso Metástasis, ampliamente cubierto por El Comercio, continúa destapando conexiones profundas entre actores criminales y judiciales. Las investigaciones apuntan a desmantelar completamente esta red de corrupción, buscando restablecer la confianza en las instituciones públicas de Ecuador.