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El Decreto 410 limita derechos y establece controles ante posibles manifestaciones en la capital ecuatoriana.

QUITO. Desde la noche del miércoles 20 de noviembre, el estado de excepción decretado por el Gobierno Nacional entró en vigor en el Distrito Metropolitano de Quito. La medida, contemplada en el Decreto 410, impone restricciones para prevenir posibles disturbios en la ciudad.

La ministra del Interior, Mónica Palencia, explicó que el estado de excepción limita la libertad de asociación y la inviolabilidad del domicilio. Esto busca garantizar el orden ante el anuncio de posibles manifestaciones.

Por su parte, Víctor Zárate, comandante general de la Policía, informó sobre el cierre del Centro Histórico de Quito. El tránsito vehicular ha sido desviado en los siguientes puntos:

  • Sentido norte-sur: Desvío desde la avenida Patria hacia el oriente y occidente.
  • Sentido sur-norte: Cierre desde el Puente del Sena, en la avenida Maldonado, con desvíos hacia la avenida Velasco Ibarra.

Las autoridades no precisaron la duración de estas restricciones, que se mantendrán según las necesidades operativas.

La ministra Palencia rechazó los actos violentos ocurridos en protestas recientes y advirtió que el Gobierno no tolerará más vandalismo. “Las Fuerzas del Orden tienen amparo legal para el uso legítimo de la fuerza si las circunstancias lo requieren”, señaló.

Hasta las 18:00 del miércoles, ninguna solicitud de autorización para movilizaciones había sido registrada ante la Intendencia de Policía del Distrito.

Con estas medidas, el Gobierno busca prevenir desmanes en la capital y proteger la seguridad de sus habitantes. Sin embargo, el estado de excepción plantea interrogantes sobre su impacto en los derechos fundamentales de los quiteños.

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