El Decreto Ejecutivo 500, que encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert mientras Daniel Noboa continúa su campaña, provocó acciones judiciales y electorales. Algunos candidatos y la vicepresidenta electa, Verónica Abad, denuncian que Noboa debió pedir licencia sin sueldo para competir.
El Gobierno insiste en que no se trata de una reelección y que, por tanto, no aplica la exigencia establecida en el artículo 93 del Código de la Democracia. No obstante, varios actores políticos presentaron reclamos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y anunciaron más recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Henry Kronfle, candidato del Partido Social Cristiano (PSC), exigió al CNE que denuncie la posible infracción. También pidió a la Contraloría y a la Corte Constitucional investigar el uso potencial de bienes públicos en la campaña.
Entre tanto, Henry Cucalón, aspirante de Construye, acusó a Noboa de desacato por no separarse del cargo. El CNE evalúa la acción presentada. Si no responde de manera oportuna, Cucalón podría acudir a la Corte Constitucional para que determine si hubo omisión por parte del organismo electoral.
El constitucionalista Alexander Barahona explica que la principal controversia radica en la supuesta ventaja que tendría Noboa al permanecer como presidente. Aun así, aclara que la CC, en caso de intervenir, se enfocaría en el rol del CNE y no, directamente, en el candidato.
En los pasillos del CNE, un funcionario revisa documentos sellados mientras asesores jurídicos discuten en voz baja. Afuera, cámaras de televisión y micrófonos apuntan a simpatizantes y voceros, listos para pronunciarse sobre las últimas acciones legales. Un murmullo de inquietud crece en el ambiente, marcado por la incertidumbre sobre las futuras resoluciones.
Las distintas instituciones ahora deberán determinar si la conducta de Noboa incumple la normativa electoral o si la postura gubernamental resulta válida. Mientras tanto, el calendario avanza y el panorama político ecuatoriano se mantiene en vilo, pendiente de las decisiones finales que tomen los órganos de control.
Fuente: La Hora
