Inundaciones, violencia y operativos reflejan el impacto de la actividad clandestina en la provincia
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13 de febrero de 2025
La minería ilegal sigue afectando gravemente a los cantones de Zamora Chinchipe, especialmente en Zamora, Yantzaza y Centinela del Cóndor, donde sus habitantes han sufrido pérdidas en viviendas, detenciones e incluso muertes relacionadas con esta actividad.
Creciente amenaza ambiental y social
La provincia amazónica, rica en minerales, se ha convertido en un epicentro de minería clandestina, muchas veces controlada por grupos delictivos que operan impunemente, según el ambientalista Humberto Puglla.
Uno de los efectos más alarmantes es el riesgo de inundaciones. En sectores como Zumbi y el barrio Chamico, la remoción de material con maquinaria pesada y la destrucción de la vegetación en las riberas del río Zamora han generado desbordamientos recurrentes. La última inundación ocurrió el 9 de febrero de 2025, afectando viviendas, vías y bienes públicos.
Andrea Bermeo, una de las damnificadas, cuestionó la falta de control de las autoridades: «¿Cómo es posible que no vean lo que hacen los mineros ilegales si sus máquinas están a la vista? Ahora, nadie responde por los daños que sufrimos», expresó.
Violencia e intervención militar
La minería ilegal ha provocado hechos de violencia, incluyendo el asesinato de un ciudadano en La Pituca, Zamora, el 10 de febrero. La víctima habría recibido amenazas para que abandonara la zona donde trabajaba.
En respuesta, el Batallón de Selva N.º 63 Gualaquiza y la Agencia de Regulación y Control de la Minería (Arcom) realizaron un operativo en Nankais, Yantzaza, donde detuvieron a dos individuos vinculados a un Grupo Delictivo Organizado (GDO).
Durante la intervención, se desmanteló un campamento minero ilegal, inhabilitando maquinaria y decomisando 4 excavadoras, 1 volqueta, 3 clasificadoras, 3 motores de succión y 1.750 galones de combustible.
Falta de empleo y regulación: un problema estructural
Se estima que alrededor de 10 mil personas dependen de la minería en la provincia. La falta de otras fuentes de empleo y el cierre del catastro minero han llevado a muchos a trabajar en condiciones irregulares.
A pesar de los operativos constantes, la filtración de información, la falta de control estatal y la violencia han permitido que la minería ilegal siga expandiéndose, generando una crisis ambiental y social que aún no tiene solución clara.
Fuente: Crónica