Líderes mineros exigen presencia del Gobierno en Zamora Chinchipe ante crisis del sector

La Asamblea organizada por CAMIZ aprobó resoluciones para reactivar el diálogo, exigir la regularización de títulos y evaluar la gestión institucional.

ZAMORA CHINCHIPE. 20/05/25 — Con una contundente crítica a la ausencia de autoridades estatales, la Asamblea de Líderes Mineros y Autoridades se desarrolló este fin de semana en Zamora Chinchipe, convocada por la Cámara de Minería de la provincia (CAMIZ). El encuentro reunió a representantes de diversas asociaciones y empresas del sector extractivo, quienes expusieron la crítica situación que atraviesa la minería legal en la región.

La falta de asistencia por parte de funcionarios convocados generó malestar entre los participantes, que respondieron con un rechazo unánime a lo que consideran un abandono institucional en una de las provincias con mayor actividad minera del país.

Durante la jornada, los asistentes aprobaron varias resoluciones, entre ellas:

  • Solicitar visitas en territorio de ministros y autoridades competentes para conocer de primera mano la problemática minera.
  • Impulsar la conformación de mesas técnicas que permitan actualizar el censo minero y regularizar títulos pendientes desde el proceso CEMINA 2010.
  • Evaluar la actuación de funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas.
  • Exigir responsabilidad ambiental a operadores mineros y propietarios de terrenos donde se han producido afectaciones ecológicas.
  • Promover la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) para regular adecuadamente la minería artesanal.

Durante el encuentro, representantes de la empresa Cumbaratza expresaron su voluntad de continuar con el proceso de mediación ante la Procuraduría General del Estado, reafirmando su disposición al diálogo.

Las intervenciones coincidieron en respaldar la postura de Paúl Pineda, presidente de CAMIZ, quien insistió en que el diálogo directo con el Gobierno Nacional es indispensable para resolver los conflictos y asegurar la sostenibilidad del sector minero, una de las principales fuentes de ingresos en la provincia.

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