El Ejecutivo propone cambios a los artículos 39 y 91 del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional en abril.
Quito._ El presidente Daniel Noboa objetó parcialmente el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 23 de abril con 92 votos. Las observaciones fueron enviadas el 22 de mayo al titular del Legislativo, Niels Olsen.
Según reporta El Universo, el mandatario plantea modificaciones por inconveniencia en los artículos 39 y 91, que abordan las condiciones para la operación de empresas públicas en el sector y la ejecución de proyectos para reducir la brecha digital.
Respecto al artículo 39, Noboa subraya que si bien la reforma reconoce el rol estratégico de las empresas públicas, es necesario establecer de forma explícita que estas deben cumplir con la política pública definida por el ente rector y acatar las regulaciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
En su propuesta alternativa, el Ejecutivo introduce un régimen de autorización para la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de empresas públicas, aclara sus obligaciones y detalla las exoneraciones aplicables en el marco del artículo 315 de la Constitución.
Entre las exenciones propuestas están: el pago por títulos habilitantes, uso del espectro radioeléctrico y contribución del 1 % sobre ingresos facturados. No obstante, las empresas públicas seguirán sujetas al cumplimiento de la normativa vigente.
En cuanto al artículo 91, Noboa señala que el texto aprobado carece de especificaciones técnicas para la implementación de proyectos destinados a reducir la brecha digital. Por ello, propone un nuevo texto que establece que dichos proyectos serán formulados por el ente rector, financiados con el 1 % de los ingresos de las operadoras y regulados por el reglamento general de la ley.
El Ejecutivo destaca la necesidad de contar con una normativa clara que fortalezca la planificación, ejecución y control de proyectos digitales, especialmente en zonas rurales y de frontera. La Asamblea deberá ahora analizar las objeciones y decidir si acoge los cambios propuestos por el presidente o mantiene el texto original.
