Los sectores de alto y medio voltaje pagarán tarifas reales por energía eléctrica; Petroecuador, Celec y Cenel serán auditadas por firmas internacionales.
Redacción nacional
Quito, 2 de junio de 2025. La vocera oficial del Gobierno de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo, anunció este lunes cinco medidas económicas que marcan el inicio del nuevo paquete de decisiones del Ejecutivo. Entre ellas destacan la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero, ajustes en las tarifas eléctricas y controles a la actividad minera.
Durante su intervención pública, Jaramillo indicó que el subsidio al diésel será eliminado para la pesca industrial atunera, aclarando que la pesca artesanal quedará exenta de esta medida. Añadió que las tarifas eléctricas del sector de alto y medio voltaje reflejarán el costo real del servicio, sin cambios para los usuarios del bajo voltaje, es decir, la ciudadanía en general.
En el área minera, el Gobierno destinará 300 millones de dólares para combatir la minería ilegal. Además, desde el 16 de junio se reabrirá el catastro minero para la pequeña minería no metálica, mientras que se prevé habilitar el catastro completo hacia fin de año.
En paralelo, se dio a conocer que Petroecuador, Celec y Cenel serán auditadas por tres empresas internacionales de alto nivel, con el objetivo de garantizar transparencia en el manejo de las principales entidades del sector energético.
Carolina Jaramillo, quien asumió recientemente la vocería oficial, cuenta con una trayectoria en el ámbito público y organismos internacionales. Ha sido consultora de comunicación para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y asesora en distintas entidades estatales como el Ministerio del Ambiente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Asamblea Nacional y el Ministerio del Interior durante el gobierno de Lenín Moreno.
Con estos anuncios, el Gobierno de Noboa da sus primeros pasos hacia una reestructuración económica centrada en la eliminación de subsidios focalizados, el control del gasto energético y la fiscalización de las empresas públicas, en medio de un contexto de déficit fiscal y presión social.
