Fiscalía investiga si la magistrada exigió dádivas a cambio de favores judiciales; defensa denuncia persecución política
Redacción nacional
Quito | Fiscalía General del Estado | 10 de junio de 2025 —
La madrugada de este martes fue allanada la vivienda de la jueza Nubia Vera, en el norte de Quito, como parte de una investigación fiscal por presunta concusión, delito que involucra el cobro indebido de beneficios económicos por parte de un funcionario público.
El operativo se enmarca en el llamado caso “Mueble Fino”, en el que se indaga si Vera habría solicitado muebles costosos y dinero a cambio de fallar a favor de un ciudadano en un juicio tramitado en su despacho. La Fiscalía señaló que la diligencia tuvo como objetivo recoger indicios que respalden la acusación.
Vera, conocida por su controvertido fallo del 23 de diciembre de 2024, que permitió el regreso de Verónica Abad a la Vicepresidencia, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Ese mismo día, la jueza denunció presiones por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien la demandó posteriormente por calumnia.
El abogado defensor de la jueza, Washington Andrade, calificó el allanamiento como un acto de persecución política. “Fiscalía actúa con velocidad inusitada y desesperada para desacreditar a la jueza y silenciarla”, aseguró. Añadió que las denuncias se basan en pruebas forjadas y manipuladas por terceros, y acusó al Ministerio Público de querer ocultar revelaciones del llamado caso Pendrive, que presuntamente comprometería a altos niveles del poder político y judicial.
Además del caso con Abad, Vera ha tenido otros enfrentamientos públicos. En febrero, ordenó a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, colocar una placa de disculpas públicas por sancionar a Abad. En marzo, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha concluyó que Vera incurrió en manifiesta negligencia, lo que abrió la puerta a una posible sanción administrativa, también en manos del Consejo de la Judicatura, encabezado por Godoy.
¿Qué es el delito de concusión?
Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la concusión ocurre cuando un servidor público, abusando de su cargo, exige directa o indirectamente pagos indebidos, gratificaciones o cobros por encima de lo que corresponde. La sanción puede ser de tres a cinco años de cárcel, y se agrava a cinco a siete años si se ejerce mediante violencia o amenazas.
