La norma, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, habilita a los organismos de inteligencia a requerir datos privados y operar con identidades ficticias; la oposición denuncia riesgo de espionaje político
Redacción nacional
QUITO, Ecuador – 12 de Junio de 2025.
La Ley Orgánica de Inteligencia entró este miércoles en vigor en Ecuador tras su publicación en el Registro Oficial, pese a las críticas de sectores opositores que advierten sobre posibles vulneraciones a la privacidad y el uso político del sistema de inteligencia.
Aprobada el martes por el pleno de la Asamblea Nacional con 77 votos a favor, la ley contó con el respaldo de parte del bloque indígena Pachakutik y de asambleístas independientes. 66 legisladores votaron en contra, principalmente de la bancada de la Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, y otros 7 se abstuvieron.
La norma establece la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, compuesto por siete subsistemas a nivel policial, militar, financiero, penitenciario, aduanero, tributario y presidencial. Un órgano rector central coordinará estas instancias y podrá emitir normativa interna, realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia, y controlar sus actividades.
Uno de los puntos más controvertidos es la facultad de que los organismos de inteligencia soliciten a las empresas de telecomunicaciones información histórica y en tiempo real de las comunicaciones y localización de los ciudadanos, incluyendo metadatos técnicos y datos de conexión. Aunque se menciona que esto deberá observar los principios de necesidad y proporcionalidad, la falta de un reglamento claro preocupa a los sectores críticos.
La ley prevé que estos requerimientos cuenten con autorización judicial previa, aunque la oposición teme que puedan llevarse a cabo sin control legal efectivo. Además, la nueva normativa permite a los agentes de inteligencia utilizar identidades ficticias sin consecuencias penales, lo que, según analistas, abre la puerta a usos discrecionales.
El sistema contará con una partida de gastos especiales clasificada como secreta, exenta de impuestos y de las normas de contratación pública, cuya supervisión recaerá exclusivamente en el Contralor General del Estado.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa defiende la ley como una herramienta para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en el marco de la “guerra contra las bandas” declarada a inicios de 2024, cuando Ecuador alcanzó los niveles más altos de homicidios de toda Latinoamérica.
